Grupos interponen demanda a la administración Trump por la redada migratoria en Cato, NY, en 2025

En una redada de estilo militar, las autoridades federales de inmigración separaron a los trabajadores de sus familias, violaron sus derechos y llamaron “animales” a los inmigrantes

Imágenes de la redada captadas por cámaras corporales están disponibles aquí. 

Nueva York – El día de hoy, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York  (NYCLU por sus siglas en inglés) y el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York, junto con Paul Tuck, del despacho de abogados Paul Tuck, presentaron una demanda colectiva en contra del Departamento de Seguridad Nacional(DHS por sus siglas en inglés) por la injustificada redada tipo militar en una fábrica de Cato, NY, en septiembre de 2025 que transgredió los derechos establecidos en la Cuarta Enmienda, de más de 100 neoyorquinos. En la demanda – hecha en representación de cuatro neoyorquinos a quien la agencia ICE detuvo ilegalmente – se alega que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y de la división de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) participaron en una conspiración motivada por prejuicios, para llevar a cabo la detención e interrogatorio masivos del mayor número posible de trabajadores latinos — todo ello sin ninguna sospecha concreta individualizada exigida por la ley — con el propósito cumplir con las cuotas de detenciones de la administración Trump.

El 4 de septiembre de 2025, 60 agentes federales armados y enmascarados, en coordinación con las oficinas de dos alguaciles de condado, irrumpieron en las instalaciones de la empresa Nutrition Bar Confectioners (NBC), en Cato, Nueva York. Los agentes federales detuvieron a más de 100 trabajadores, entre ellos algunos ciudadanos estadounidenses y personas con  tarjetas de residencia permanente, y los apiñaron en una sala de descanso, donde se les obligó a responder preguntas sobre su ciudadanía. Las imágenes de las cámaras corporales muestran a los agentes llamando “animales” a los inmigrantes, refiriéndose a los niños como “auténticas ratas de la calle” y disfrutando denegarles la asistencia médica o el acceso a un abogado durante su detención. Un agente llegó incluso a decir: “Les eché agua encima a 74 jodidos guatemaltecos.”

“A pesar de que soy un ciudadano estadounidense y que he vivido aquí toda mi vida, los agentes federales me detuvieron, me interrogaron y transgredieron mis derechos, todo porque mis compañeros de trabajo y yo somos latinos,” expresó Pedro Rojas, ciudadano estadounidense detenido e interrogado por agentes federales. “Los agentes federales actuaron como si la ley ya no les aplicara. Esto no puede permitirse en un país que se autodenomina la tierra de la libertad.”

Los agentes federales detuvieron a al menos 57 trabajadores, a quienes se les negó la posibilidad de llamar a un abogado o a sus familias antes de trasladar rápidamente a muchos de ellos a centros de detención fuera del estado. Más de 20 trabajadores fueron separados de sus hijos  y a algunos de ellos se les deportó sin el debido proceso.

“Está claro que el ICE, la CBP y los alguaciles de condado trabajaron en conjunto para violar los derechos constitucionales de los neoyorquinos, participar en conductas xenófobas y racistas y arruinar a las familias trabajadoras del centro de Nueva York,” afirmó Perry Grossman, abogado supervisor de la NYCLU. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los agentes entran en los lugares de trabajo y detienen a quien les plazca —incluidos ciudadanos estadounidenses— para interrogarles sin ningún tipo de fundamento. Los agentes que cometieron estos abusos deben hacerse responsables por su evidente desprecio a la Constitución y por el dolor inconmensurable que infligieron a estos neoyorquinos.”

“Una sociedad justa exige que tengamos derechos, dignidad y seguridad en el trabajo,” afirmó Olivia Post Rich, abogada principal del Centro de Justicia para  Trabajadores de Nueva York. “Esperamos que esta demanda haga que los funcionarios públicos que violaron los derechos constitucionales de nuestros clientes rindan cuentas por la devastación que causaron y evite que otras familias se vean separadas simplemente por atreverse a ir a trabajar.”

Esta demanda se produce tras la lucha exitosa de la NYCLU para que se hicieran públicas las solicitudes de las dos órdenes judiciales utilizadas para justificar la redada. Esos documentos revelaron que la orden judicial no autorizaba al gobierno a detener a ninguna persona y que el gobierno ni siquiera había solicitado al tribunal la autorización para hacerlo.

“Como ex fiscal federal, sé de primera mano lo fundamental que es que las fuerzas del orden respeten sus obligaciones constitucionales y los derechos de los neoyorquinos,” expresó Paul Tuck, de la firma Paul Tuck Law. “Para recuperar la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho, es necesario determinar responsabilidades por las violaciones de los principios fundamentales de nuestro país que se produjeron durante la redada ilegal en la fábrica aquel día.”

Esta redada se enmarca en un patrón generalizado de agencias federales de la administración Trump que llevan a cabo redadas migratorias masivas contra la población latina en todo el país, incluyendo lugares como Minnesota, Carolina del Sur, Oregón, Idaho, Washington D.C., Colorado, California, Illinois y otros. A principios de este año, la NYCLU interpuso otra demanda contra esta administración por llevar a cabo paradas policiales contra ciudadanos neoyorquinos, sin sospecha previa, basándose únicamente en su raza y en la percepción de  su origen étnico, así como por realizar detenciones de inmigrantes sin orden judicial y sin causa probable.

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